22 sept. 2017

La Iglesia al lado de los "Dreamers"

Leemos en Aceprensa:

Cuando el huracán Harvey azotó el estado norteamericano de Texas a finales de agosto, una chica de origen mexicano, Lucía Guerrero, se pasó todo el tiempo trabajando en una clínica en la que se desempeña como técnica en diálisis. Según narra la revista People, gracias a la entrega de la joven profesional, muchos pacientes de otros centros de salud que a esas horas estaban inundados, pudieron recibir la atención vital.

Si Lucía no hubiera estado allí en esa hora de emergencias, sino en su natal Monterrey, de donde la sacaron sus padres en el año 2001 para darle un futuro alejado del narcotráfico y la violencia, los pacientes que acudieron en medio del huracán al Fresnius Kidney Care quizás hubieran encontrado a otra persona en su puesto. O a ninguna. Pero estaba Lucía, una joven indocumentada que, a sus 26 años, ha vivido más tiempo en el país norteño que en la tierra que la vio nacer.

Lucía es una de los casi 800.000 jóvenes indocumentados a los que una directiva del presidente Barack Obama, la denominada DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, de 2012), protegió de la deportación, hasta que congresistas republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo –lo que aún no han hecho– respecto a un proyecto de Ley para el Desarrollo, Auxilio y Educación de los Menores Extranjeros o DREAM Act, siglas que aluden al nombre por el que estos jóvenes son conocidos: los dreamers. (soñadores).  Bajo la solución temporal de la DACA, los que entraron a EE.UU. antes de cumplir 16 años y el 15 de junio de 2012 estuvieran presentes en el país, que además hubieran completado al menos de la escuela secundaria y no hubieran cometido delitos, podían quedarse en el territorio estadounidense, con una autorización de empleo temporal y sin temor a ser deportados. Pero sin estatus legal ni beneficios sociales.

Una directiva presidencial, sin embargo, puede volverse polvo en el viento en cuanto hay mudanza en la Casa Blanca. Y así ha ocurrido. La semana pasada, Donald Trump, por boca del fiscal general Jeff Sessions, anunció que la revocaría y dio a los legisladores un plazo de seis meses para presentarle una ley que sustituya la orden. El presidente ha llegado a un principio de acuerdo con los demócratas para que se abra a los dreamers una vía para legalizar su situación a cambio de reforzar la vigilancia de la frontera (aunque no necesariamente con el muro que quiere Trump).

El 5 de septiembre, tras el anuncio del gobierno, la Conferencia Episcopal (USCCB) hizo pública una declaración en la que tildaba de “reprensible” la cancelación del DACA, pues “les causa a los jóvenes y a sus familias un miedo innecesario”.